Aguascalientes Ags., 7 de
noviembre.- Decenas
de funcionarios de la pasada administración deberán enfrentar cargos por
responsabilidades administrativas o penales y reintegrar al patrimonio público del estado,
poco más de 300 millones de pesos, producto de irregularidades en el ejercicio
del presupuesto 2016, correspondiente al último año de la administración del
priista Carlos Lozano de la Torre.
De acuerdo a los
resultados de la auditoría porticada por el Órgano Superior de Fiscalización,
del Congreso del Estado al ejercicio fiscal 2016, y entregados ayer a los
diputados de la Comisión de Vigilancia, - a los cuales Noticen tuvo acceso- se produjeron 97 observaciones
a un total de 22 entes de gobierno auditados, arrojando como resultado,
diversas irregularidades en el ejercicio presupuestal por un total de 300
millones 395 mil 500 pesos.
La dependencia
con mayor número de observaciones y mayor cantidad de recursos ejercidos de
forma irregular y en algunos casos, sin conocer
a dónde fueron a parar, fue el Instituto de Educación de Aguascalientes
(IEA), a cargo de Francisco Chávez Rangel, en donde fueron observador 97
millones 198 mil pesos, por 14 observaciones no solventadas, como el manejo discrecional
de 64 millones 500 mil pesos en 12 cuentas que permanecieron ocultas, sin ser
enteradas en la Cuenta Pública y cuyo destino no pudo ser solventado a los
auditores.
Otra de las irregularidades
más fuertes encontradas en el Instituto de Educación fueron la recepción
irregular de parte de la SEP de 25 millones de pesos por concepto de
Fortalecimiento a la Educación temprana y Desarrollo Infantil, de los cuales, 7
millones fueron transferidos a la asociación Educación Inicial Sierra Fría, sin
que existiera un contrato de por medio, mientras que 20 millones de pesos más,
provenientes de dicho programa, fueron ejercidos sin conocer el destino ni el
motivo de su ejercicio.
La segunda
dependencia con el mayor desvío de recursos fue la Oficialía Mayor del Gobierno
del Estado, en donde se realizaron 4 observaciones, ninguna de ellas
solventada, por un monto total de 77 millones 300 mil pesos, siendo la mayoría
de esos recursos destinados al pago irregular e ilegal de bonos de marcha, para
funcionarios y trabajadores que concluyeron su gestión cuando finalizó el
sexenio.
El Fondo Progresa
registró cuatro observaciones, ninguna de ellas solventada, y en este ente público
fueron desviados 43 millones 797 mil 582 pesos, principalmente en el otorgamiento
irregular de fondos a empresas sin apego a la normatividad y beneficiando de
manera intencionada a determinadas empresas con volúmenes elevados de recursos.
El Instituto del
Agua, INAGUA también desvió recursos por
más de 34 millones de pesos, y al que el Órgano Superior de Fiscalización
realizó 8 observaciones de las cuales, ninguna pudo solventar. El grueso del
desfalco a esta dependencia fue producto de estudios y procedimientos para el
tratamiento de aguas, en donde fueron ejercidos de forma indebida 24 millones
400 mil pesos, sólo en el 2016.
La Secretaría de
Desarrollo Económico también fue observada por los auditores del Congreso del
Estado, dependencia a la que le formularon cinco observaciones de las cuales
solo una pudo solventar el resto, acumularon un desvío de recursos por 16
millones 850 mil pesos. Estos desvíos fueron producto del otorgamiento
irregular, sin bases y sin respetar la normatividad aplicable, en la
canalización de 14 millones 953 mil 933 pesos a 8 empresas vía INADEM, sin que
tuvieran incluso, proyectos para conocer de qué manera utilizarían los recursos
públicos.
Por lo que
respecta al Instituto de la Vivienda IVSOP, fueron realizadas 15 observaciones
quedando por solventar solo 9, por un monto de daño al erario público de 4
millones 613 mil pesos, mediante el otorgamiento irregular de obras para la reparación
de vivienda, la construcción de techos y ampliación con cuartos y piso, todo
ello en programas sociales, beneficiado a empresas mediante el otorgamiento de
obra sin que cumplieran los requisitos para poder acceder a la ejecución de programas
de esta naturaleza.
En el caso del
CECyTEA, fueron detectados desvíos de recursos del orden de los 5 millones 800
mil pesos con un total de 5 observaciones no solventadas. Pagos injustificados, sobresueldos, liquidaciones
ilegales, fueron los principales motivos por los cuales, los responsables
tendrán que reintegrar estos recursos a las arcas públicas.
El resto de las observaciones
se diluyen en dependencias como el DIF estatal, Fideicomiso de Parques
Industriales, Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Sebideso, ICTEA,
IDEA, RYTA, ISSEA, entre otras, para dar
un total de poco más de 300 millones de pesos ejercidos de manera irregular y
que tendrán que reintegrar al erario público, demás de las sanciones que cada órgano
de control y la propia SEFIRECU, deban hacer para castigar a los responsables
de este boquete presupuestal.
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