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7 de noviembre de 2017

Desfalcos por más de 300 millones en el último año de Carlos Lozano de la Torre.



Aguascalientes Ags., 7 de noviembre.- Decenas de funcionarios de la pasada administración deberán enfrentar cargos por responsabilidades administrativas o penales y  reintegrar al patrimonio público del estado, poco más de 300 millones de pesos, producto de irregularidades en el ejercicio del presupuesto 2016, correspondiente al último año de la administración del priista Carlos Lozano de la Torre.

De acuerdo a los resultados de la auditoría porticada por el Órgano Superior de Fiscalización, del Congreso del Estado al ejercicio fiscal 2016, y entregados ayer a los diputados de la Comisión de Vigilancia, - a los cuales Noticen tuvo acceso- se produjeron 97 observaciones a un total de 22 entes de gobierno auditados, arrojando como resultado, diversas irregularidades en el ejercicio presupuestal por un total de 300 millones 395 mil 500 pesos.

La dependencia con mayor número de observaciones y mayor cantidad de recursos ejercidos de forma irregular y en algunos casos, sin conocer  a dónde fueron a parar, fue el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), a cargo de Francisco Chávez Rangel, en donde fueron observador 97 millones 198 mil pesos, por 14 observaciones no solventadas, como el manejo discrecional de 64 millones 500 mil pesos en 12 cuentas que permanecieron ocultas, sin ser enteradas en la Cuenta Pública y cuyo destino no pudo ser solventado a los auditores.  

Otra de las irregularidades más fuertes encontradas en el Instituto de Educación fueron la recepción irregular de parte de la SEP de 25 millones de pesos por concepto de Fortalecimiento a la Educación temprana y Desarrollo Infantil, de los cuales, 7 millones fueron transferidos a la asociación Educación Inicial Sierra Fría, sin que existiera un contrato de por medio, mientras que 20 millones de pesos más, provenientes de dicho programa, fueron ejercidos sin conocer el destino ni el motivo de su ejercicio.

La segunda dependencia con el mayor desvío de recursos fue la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, en donde se realizaron 4 observaciones, ninguna de ellas solventada, por un monto total de 77 millones 300 mil pesos, siendo la mayoría de esos recursos destinados al pago irregular e ilegal de bonos de marcha, para funcionarios y trabajadores que concluyeron su gestión cuando finalizó el sexenio.

El Fondo Progresa registró cuatro observaciones, ninguna de ellas solventada, y en este ente público fueron desviados 43 millones 797 mil 582 pesos, principalmente en el otorgamiento irregular de fondos a empresas sin apego a la normatividad y beneficiando de manera intencionada a determinadas empresas con volúmenes elevados de recursos.

El Instituto del Agua, INAGUA  también desvió recursos por más de 34 millones de pesos, y al que el Órgano Superior de Fiscalización realizó 8 observaciones de las cuales, ninguna pudo solventar. El grueso del desfalco a esta dependencia fue producto de estudios y procedimientos para el tratamiento de aguas, en donde fueron ejercidos de forma indebida 24 millones 400 mil pesos, sólo en el 2016. 

La Secretaría de Desarrollo Económico también fue observada por los auditores del Congreso del Estado, dependencia a la que le formularon cinco observaciones de las cuales solo una pudo solventar el resto, acumularon un desvío de recursos por 16 millones 850 mil pesos. Estos desvíos fueron producto del otorgamiento irregular, sin bases y sin respetar la normatividad aplicable, en la canalización de 14 millones 953 mil 933 pesos a 8 empresas vía INADEM, sin que tuvieran incluso, proyectos para conocer de qué manera utilizarían los recursos públicos.

Por lo que respecta al Instituto de la Vivienda IVSOP, fueron realizadas 15 observaciones quedando por solventar solo 9, por un monto de daño al erario público de 4 millones 613 mil pesos, mediante el otorgamiento irregular de obras para la reparación de vivienda, la construcción de techos y ampliación con cuartos y piso, todo ello en programas sociales, beneficiado a empresas mediante el otorgamiento de obra sin que cumplieran los requisitos para poder acceder a la ejecución de programas de esta naturaleza.

En el caso del CECyTEA, fueron detectados desvíos de recursos del orden de los 5 millones 800 mil pesos con un total de 5 observaciones no solventadas.  Pagos injustificados, sobresueldos, liquidaciones ilegales, fueron los principales motivos por los cuales, los responsables tendrán que reintegrar estos recursos a las arcas públicas.

El resto de las observaciones se diluyen en dependencias como el DIF estatal, Fideicomiso de Parques Industriales, Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Sebideso, ICTEA, IDEA, RYTA, ISSEA,  entre otras, para dar un total de poco más de 300 millones de pesos ejercidos de manera irregular y que tendrán que reintegrar al erario público, demás de las sanciones que cada órgano de control y la propia SEFIRECU, deban hacer para castigar a los responsables de este boquete presupuestal.




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