La Fiscalía
Anticorrupción investiga a municipios por probable desvío de recursos de cuotas
del ISSSSPEA.
Aguascalientes
Ags., 21 de marzo.- La fiscalía especializada en el combate a la corrupción lleva
acabo investigaciones en algunos municipios relacionadas con el probable desvío
millonario de recursos producto de las retenciones de cuotas al ISSSSPEA y que
no fueron entregadas a este organismo.
Jorge Humberto
Mora Muñoz, Fiscal Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General del
Estado de Aguascalientes informó que logró rescatar tres denuncias formuladas
en 2016 por autoridades de dos ayuntamientos y un organismo público
descentralizado.
“Estas denuncias
ya están radicadas en la Fiscalía Anticorrupción y solo estas tres denuncias
implican 40 millones de pesos, de trata de dos ayuntamientos y un organismo
descentralizado, que tampoco enteraron retenciones al ISSSSPEA, sin embargo no
te puedo dar nombres y detalles por las propias investigaciones” puntualizó
Mora Muñoz.
Agregó que con
base al artículo publicado por Noticen ( Municipios desvían 142 millones de cuotas del ISSSSPEA) en donde se denuncian irregularidades
por más de 142 millones de pesos en las 10 presidencias municipales del
interior, dijo que la Fiscalía ya está solicitando información de manera
oficial al ISSSSPEA y algunas de esas presidencias municipales, como parte de
las indagatorias previas a la formalización -en su caso- de carpetas de investigación
que tengan por objeto investigar hechos y de ser el caso, llevar a los
responsables de posibles desvíos ante la justicia.
Con independencia
de que los ayuntamientos realicen acciones para liquidar adeudos al ISSSSPEA
producto de cuotas retenidas y no entregadas, consideró que el resarcimiento de
daños es positivo, sin embargo, no por ello se dejará de investigar y de
deslindar responsabilidades ante lo que pudiera ser desvío mayúsculo de
recursos propiedad de los trabajadores al servicio del Estado.
Finalmente subrayó
que deberán ser los propios órganos internos de control de cada uno de los
ayuntamientos, los que, en cumplimiento de sus obligaciones y lo que la ley les
ordena, la formalización de denuncias ante la Contraloría y la Fiscalía
Anticorrupción, bajo el riesgo de que, de no hacerlo, estarían adquiriendo
responsabilidades.
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