NO REPRIMIR, AUNQUE VIOLE LA LEY.
Mtro. Sadí Kuri Martínez
En los últimos meses hemos visto a través de los medios de comunicación
como actúan los gobiernos Federal y de la Ciudad de México ante manifestaciones
violentas.
Uno de los principios básicos para que prive un estado de derecho,
indudablemente es la Libertad de Expresión, esto es posible si y solo si, esta
Libertad se ejerce en perfecta armonía con otros principios básicos de la
democracia. No es dable ejercer la Libertad de Expresión a través de actos
violentos por medio de los cuales se atente en contra de Bienes Jurídicos
tutelados por el mismo estado como el patrimonio, la salud e inclusive; la
vida.
Claudia Sheinbaum, jefa del Gobierno de la Ciudad de México ha dicho hasta
el cansancio que no reprimirán las manifestaciones que se lleven a cabo en las
vías públicas de la entidad que administra. Sin embargo, dándole una real
perspectiva a estas declaraciones con la violencia que ha privado en parte de
estas manifestaciones, podemos concluir que la Jefa de Gobierno está violando la
ley. El quinto párrafo del artículo 16 de La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que cualquier persona podrá detener a otra
que esté cometiendo un delito, en términos jurídicos estaríamos hablando de una
detención en flagrancia. Evidentemente
si un particular puede llevar a cabo esta detención, cuantimás la autoridad.
Distinto a lo que el gobierno de la ciudad de México ha manifestado respecto a
las manifestaciones de los últimos días, hemos visto a través de diversos
medios de comunicación la violencia con la que algunos de los manifestantes se
desenvuelven. Destruyen inmuebles, lesionan a civiles, no nada más increpan,
sino que llegan a agredir físicamente a funcionarios públicos, entiéndase;
policías. En estas lamentables imágenes que todos hemos tenido a la vista se
aprecia cómo algunos de los manifestantes cometen delitos en flagrancia, la
autoridad tiene la obligación irrenunciable de detenerlos de inmediato y
ponerlos a disposición de la autoridad competente. No pueden esconderse tras
argumentos de no represión, para no cumplir un mandato constitucional. El
insistir con esta línea discursiva indudablemente coloca la autoridad como
cómplice de los actos delictivos que presencia de manera personal y directa y
no actúa en consecuencia.
Asunto aparte es el famoso “Cinturón de Paz”, ese despliegue de
funcionarios y funcionarias públicas utilizadas como carne de cañón y que pudo
haber puesto en serios aprietos al gobierno de la Doctora Sheinbaum. En
diversos medios de comunicación pudimos ver funcionarios y funcionarias que se
quitaban las camisetas que les fueron proporcionadas por el gobierno de la
ciudad de México por temor a ser agredidos por los manifestantes al ser
identificados como parte de este cinturón. El haberlos colocado en una
situación de tan alto riesgo indudablemente fue una gran irresponsabilidad por
parte del gobierno de la ciudad de México. Muchas y muchos de ellos fueron
contratados para trabajar detrás de un escritorio, para desarrollar proyectos
de urbanismo, para trabajar como mensajeros o mensajeras, para recibir pagos en
caja recaudadoras, y un sinfín de labores no nada más distintas, sino
completamente ajenas y distantes de aquellas que les pusieron a hacer este 2 de
octubre.
A las 48 horas de haber sucedido las manifestaciones que conmemoraran un
año más de los acontecimientos sucedidos el 2 de octubre de 1968, presentó su
renuncia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el
licenciado Jesús Orta Martínez, perfilándose de manera natural para ocupar la
titularidad de dicha Secretaría Omar Hamid Ramírez García Harfuch. Pareciera
ser que Licenciado Orta Martínez presentó su renuncia ya que la Jefa de
Gobierno le amarró las manos ocasionando una evidente imposibilidad para
cumplir cabal y jurídicamente con su encargo.
En la otra pista de lo que no deja de ser un circo en materia de seguridad
pública encontramos las ya no nada más desafortunadas, sino ahora preocupantes
declaraciones del señor Presidente en materia de seguridad pública. Ya no nada
más es el: “Fúchi, Huácala”, ahora es hablar con los papás, mamás y abuelos de
aquellas personas que se porten mal en las manifestaciones. ¿En verdad el señor
presidente remite una problemática que ha costado miles de vidas en este país a
“zapes” y “nalgadas”? Esta situación ya es preocupante, dejó de ser una
payasada para pasar a ser una burla. El Presidente no quiere darse cuenta de lo
cruenta que es la situación en materia de seguridad pública. Primero decía
tener otros datos, luego que todo era ocasionado por la prensa “fifí”, luego
que eran los conservadores, luego vino el desdén con el “Fúchi, Huácala”, ahora
lo endosa a los padres, madres y abuelos. ¿Cuándo asumirá su responsabilidad?
¿cuándo le dará el tratamiento, serio, objetivo y digno al tema de seguridad
pública?
Finalmente, y en la tercera pista tenemos aún ya agónico secretario de
seguridad pública federal que no hace nada. Brilla por su ausencia, por su
inactividad, por su falta de compromiso y por su ignorancia en uno de los
encargos más importantes que ha tenido en su insípida carrera. Al día de hoy
seguimos con una guardia nacional inoperante, cara y totalmente ausente en el
escenario de la seguridad pública de este país.
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