EPICENTRO /   8 de Noviembre  2017


Por Carlos Gutiérrez Gutiérrez










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Finalmente la Caja de Pandora se abrió y las cuentas públicas correspondientes al último año (el de más mesura en eso de despacharse con la cuchara grande) del sexenio de Carlos Lozano de la Torre, se hizo público desde ayer, ya por la noche, en donde almas caritativas se acercaron con este columnista para ofrecer información “fresquita", recién liberada para poder informar a la opinión pública de los resultados de la auditoría a 22 organismos del gobierno del estado.

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Anoche mismo, Noticen manejó la información pero en resumidas cuentas se señalaron desvíos de recursos superiores a los 300 millones de pesos que no fueron ser justificados y que sin demora alguna, tendrán que regresar las y los funcionarios, incluso, beneficiarios privados que lucraron con el erario. Es importante destacar que, no solo es la reintegración de los recursos públicos sino que también, los órganos internos de control de cada dependencia y la propia SEFIRECU, deberán iniciar procedimientos resarcitorios y sancionadores a quienes tengan responsabilidad en este boquete que los colaboradores de Lozano de la Torre le hicieron a las finanzas estatales en el 2016.


3º RICHTER
El IEA, la primera entidad gubernamental con el mayor presupuesto asignado por año, tuvo el mayor desfalco  con poco más de 97 millones de pesos, cuyo ejercicio, además de haber sido irregular, y en casos extremos, ilegal, abrió nuevos frentes legales para el ex titular, Francisco Chávez Rangel y algunos de sus principales colaboradores. El Órgano Superior de Fiscalización, señaló, por ejemplo, la detección de 12 cuentas en dos bancos: Santander y BBVA Bancomer, desde donde se operó la suma de 64.5 millones de pesos, sin que estuvieran incluidos en la cuenta pública. Un especie de paraíso presupuestal del que no se supo con claridad el uso y destino de esos recursos, y eso que hablamos sólo de un año del sexenio.

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Otra de las irregularidades más fuertes encontradas en el Instituto de Educación fueron la recepción irregular de parte de la SEP de 25 millones de pesos por concepto de Fortalecimiento a la Educación temprana y Desarrollo Infantil, de los cuales, 7 millones fueron transferidos a la asociación Educación Inicial Sierra Fría, sin que existiera un contrato de por medio, mientras que 20 millones de pesos más, provenientes de dicho programa, fueron ejercidos sin conocer el destino ni el motivo de su ejercicio. Pero lo más sorprendente de esta tranza fue que la cuenta receptora de dichos recursos no aparecía en la relación de cuentas oficiales del IEA, mucho menos fue enterada en la cuenta pública.

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Otras dependencias observadas por el OSF fueron la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, desde donde se operaron los ilegales bonos de actuación o reconocimiento a funcionarios que fueron posteriormente liquidados por fin de sexenio.  Aquí el desfonde fue de 77 millones 300 mil pesos que fueron repartidos entre cuates y leales amigos de los amigos del ex gober.  El CECyTEA también fue observado con 5.7 millones de pesos, el IVSOP con 4.7 millones, la SEFI con 7.2 millones, la SICOM CON 1.5 millones, con las recurrentes observaciones de la no justificación legal de su aplicación   

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El Fondo Progreso fueron detectados el quebranto al patrimonio público por 43.8 millones de pesos, en financiamientos indebidos, sin el más mínimo recato de legalidad a la hora de operar algunos de estos fondos.  La Sedec también fue observada con 16.9 millones de pesos, en el otorgamiento de recursos del INADEM pero sin seguir la normatividad al pie de la letra como lo establecen las reglas de operación amén de que las empresas beneficiarias de estos recursos, ni siquiera presentaron su plan de negocios en donde informaran la manera en cómo los invertirían.

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Esto es nada más una probadita de las irregularidades que fueron encontradas por el OFS del Congreso del Estado y que obligará, en los próximos días, a que cada una de las dependencias formule los recursos resarcitorios y sancionadores que sean pertinentes, para restañar el quebranto a las finanzas públicas. Pero para que esto suceda deberá haber tres ingredientes fundamentales: 1. Que exista voluntad política del mandatario Martín Orozco Sandoval para que cada una de las acciones a emprender, tenga las consecuencias jurídicas precisas para resarcir daños; 2. Que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRECU) salga de su ostracismo en el que cómodamente se instaló, y que dé continuidad a estos hallazgos que hizo el OSF para presentar las querellas correspondientes, de curso a las inhabilitaciones y sobre todo, devuelva a las arcas públicas el dinero que mal ejercieron decenas de funcionarios involucrados en este asunto y 3. Que se apure la SEFIRECU a interponer los recursos jurídicos producto de sus propias auditorías que tiene ya concluidas desde hace varios meses y que muy probablemente por temor, ha dejado que las cosas pasen sin que los malos ex funcionarios paguen lo que tengan que pagar producto de sus transas.    

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Solo para precisar. El Órgano Superior de Fiscalización dependiente del Congreso del Estado, es el responsable de auditar todo el presupuesto que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ejercen. Lo hace de acuerdo a un plan anual de auditoría para presentar al pleno las cuentas públicas y a partir de ahí, emprender acciones legales que así lo ameriten. Las funciones de la SEFIRECU están perfectamente delimitadas a la revisión del ejercicio presupuestal para asegurarse de que lo hace en estricto apego a la legalidad. Por ahora, en este primer año del actual sexenio, esta secretaría debió de haber estado abocada a la revisión de lo que fue el proceso entrega – recepción, sin embargo, el tiempo sigue pasando sin que haya un reporte oficial de lo que sus arqueos han detectado. Ya con la información del OSF ¿Miguel Ángel Martínez Berúmen, seguirá enconchado sin dar a conocer a los ciudadanos del trabajo que debe estar haciendo? Porque los meses pasan y de su desempeño  como auditor, no se conoce gran cosa.







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