Ciudadanía de Aguascalientes

Ignacio Ruelas Olvera.

 Domingo 18 de febrero

 

El hogar es el nido de la intimidad cuyos muros protegen al individuo y a la familia del mundo externo; ahí se resguarda el núcleo humano, es el escenario mínimo para la formación y la transmisión de los valores culturales. Ahí es donde los mayores siembran en sus descendientes la ética, los preceptos que han de apoyar su crecimiento y donde florecen entre ellos los más nobles sentimientos.

En contraste, la plaza es el espacio abierto de la libertad. Nos pertenece a todos. Su vocación es reunir lo colectivo en el que la multitud es mucho más que la suma de sus partes. El sonido de los pasos sobre nuestras calles son señal de un nuevo orden ciudadano.

El individuo cuenta cuando vota, pero si se reúne con los que coincide, se convierte en una exigencia, un reclamo para influir en la marcha de los asuntos colectivos. El yo se convierte en un nosotros y la voz de la masa debe ser escuchada por legisladores y gobernantes.

La ciudadanía decide, manda, marca los límites de los poderes públicos, hace realidad el Estado de derecho. Esta concentración muestra un diálogo plural, civilizado, pleno de valores y virtudes. La educación con que nos manifestamos es voz colectiva que se enaltece con la honestidad del águila de Jesús Contreras que vigila desde esa columna, síntesis del orden cívico.

 

Durante los últimos años la población ha crecido y se ha diversificado.

Somos más plurales, un mosaico infinito de opiniones y de visiones del mundo, pero unidos en lo esencial. Prosperamos en un marco de instituciones democráticas que poco a poco hemos ido perfeccionando. Hemos creado organismos que complementan el sistema de división y equilibrio de poderes, entidades que vigilan, regulan y limitan al poder gubernamental. Son resguardo de los intereses ciudadanos y protectoras de nuestras libertades esenciales.

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es mapa político de la Nación. Estamos reunidos en un pacto de vida compartida de una sociedad de iguales. En ese mérito, nuestra Nación democrática nos obliga a participar y asumir conductas y responsabilidades políticas, antes y después de las urnas para elegir gobiernos.

 

La ciudadanía democrática, apoya a las instituciones electorales del procedimiento, la justicia, los delitos. La ciudadanía es quien hace las elecciones, permite el voto y lo cuenta bien; participamos con exigencia de verdades para que los gobiernos cumplan con la Constitución. La ética y el derecho nos impulsan a poner en el centro de la vida social los Derechos Humanos.

 

Los gobiernos tienen muy acotado su quehacer en las elecciones. Su obligación es colaborar con las autoridades electorales. Impulsar una atmosfera de fraternidad, buen clima de convivencia. Dar seguridad al proceso electoral, evitar que el crimen organizado se acerque al mundo electoral. Hay delincuencia electoral si se apoya en favor o en contra de las candidaturas.

 

      La participación ciudadana libera los miedos que se han sembrado; la deliberación ciudadana fomenta la unidad y los acuerdos; recuperar la confianza en las instituciones es un reto republicano. El ejercicio de la política nos hermana y nos incluye, nadie está exento.

 

      La ciudadanía hacemos posible los partidos políticos, elegimos y definimos quién gobierna, aportamos los recursos financieros para las políticas públicas, planes y programas, exigimos decidir su modo y destino, optimizamos la economía, damos calidad a las instituciones, impedimos la corrupción cuando decidimos unidad, exigencia y verdad, para vigorizan al Estado mexicano.

 

 

      Las instituciones electorales de la democracia, las que administran, imparten justicia, las que persiguen delitos, son garantía de los derechos fundamentales. Permiten el tránsito del poder público de manera civilizada. El INE administra el procedimiento electoral, la ciudadanía organiza las votaciones, atestigua el tránsito de boleta en voto, lo ha hecho en 339 elecciones en 33 años, este 2 de junio lo hará en más de 170 mil casillas, en un padrón aproximado de 98 millones. 20 367 cargos de elección popular están en disputa, sin la ciudadanía sería imposible se prepare y se atienda jornada electoral y cómputos. El Tribunal Electoral, deberá honrar la impartición de la justicia electoral, la democracia no se explica sin jueces, les demandamos sentencias adecuadas, justas. Las fiscalías que persiguen el delito deberán garantizar los castigos a los verdaderos culpables. La democracia es un conjunto de instituciones.

 

El jefe del Ejecutivo federal propuso al Legislativo 20 reformas que proponen modificar la Constitución, leyes ordinarias y reglamentarias. Suprimen la autonomía del poder Judicial y restringen las atribuciones del poder Legislativo, para privilegiar el control de uno sobre los otros dos.

 

¡México está en peligro! Se debate entre el despotismo y la libertad. Protestar cumplir la Constitución y pretender degradarla, es un despropósito. Eliminar de su cuerpo normativo las instituciones que lo contienen, que son garantes de la división y equilibrio de poderes, ámbitos que protegen la democracia, los derechos humanos, el derecho a la información, a la transparencia.

 

La iniciativa pretende que ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia sean nombrados en votación popular, una votación que quedaría bajo el control del ejecutivo. Las elecciones serían controladas por dependencias gubernamentales, cancela así, la autonomía del órgano electoral independiente que durante más de tres décadas nos ha dado elecciones creíbles y legítimas que son garantía de la gobernabilidad.

 

Nos llevan a un escenario en que el Ejecutivo pone a los candidatos, a las autoridades judiciales, organiza las elecciones, paga a los electores, ese Poder Judicial resultante estaría a los órdenes de un Poder Supremo. No habría ministros, magistrados y jueces capaces de resguardar las libertades y derechos individuales, ante funcionarios sometidos a la voluntad imperial.

 

Propone, también, la grave desaparición de legisladores de representación proporcional, un sistema que, pese a sus fallas, permite la expresión plural en las Cámaras del Congreso de la Unión y da lugar a todas las voces políticas representativas. Ambiciona que prevalezca la mayoría simple. Esto quiere decir que, si un partido político obtiene el 20 por ciento de los votos y con ello consigue la totalidad de los asientos congresionales, el otro 80 por ciento logrado por las minorías, no ganan nada, todavía más grave, el 80 por ciento de los ciudadanos que votaron se quedan sin representación. Intenta que una minoría usurpe el poder de la totalidad del pueblo ciudadano, las minorías mayoritarias se verían impedidas de participar en la política legislativa. Llegó la hora de ejercer la libertad y autonomía ciudadana.

 

Pensemos por nosotros mismos. Analicemos origen y veracidad de las propuestas de campaña. La fórmula es sencilla: la buena política supera las disputas imprudentes. Defendamos la verdad. Participar no se reduce a acudir a las casillas, es solo el punto de partida. El precio de la autonomía y la libertad es ser auditores con exigencia y permanentes de las elecciones, de las entidades de interés público, de los gobiernos.

¡Proponemos recuperar el estado de Derecho!

¡Digamos, gritemos!:

¡NO al autoritarismo!

¡SI a las libertades democráticas!

 

 


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