Caranday: millonario fraude a condóminos.

                             Caranday: millonario fraude a condóminos. >>DINERO, ACTAS Y PODER; LA DISPUTA QUE EXHIBE LAS GRIETAS DE...

                            

Caranday: millonario fraude a condóminos.

>>DINERO, ACTAS Y PODER; LA DISPUTA QUE EXHIBE LAS GRIETAS DEL MODELO DE CONDOMINIOS EN AGUASCALIENTES.

 

Especial/ Noticen.

 

Aguascalientes Ags., 18 de marzo de 2026.- Lo que ocurre en el condominio Privadas Caranday, en Aguascalientes, dejó de ser hace tiempo un conflicto vecinal.

 

Se trata de una disputa por el control de recursos, la representación legal y la validez de los actos que sostienen la vida interna de un desarrollo bajo régimen de condominio, en un entorno donde la norma resulta insuficiente y su interpretación se vuelve campo de batalla.

 

El origen del conflicto puede ubicarse con precisión en los resultados de una auditoría externa fechada el 16 de febrero de 2026, elaborada por el despacho encabezado por el contador público Luis Ernesto Martínez Cornejo, titular de E.M. Consultores Fiscales —el mismo que intervino en el caso del condominio Loreta, donde se detectó un faltante cercano al millón de pesos y derivó en la vinculación a proceso penal de una persona—.

 

El informe, dirigido a la presidenta de la asociación, Norma Cecilia Rodríguez Figueroa, documenta irregularidades financieras relevantes durante diversas gestiones administrativas, particularmente entre agosto de 2021 y agosto de 2025.

 

Con base en comprobantes fiscales digitales y estados de cuenta bancarios, el despacho identifica más de 812 mil pesos en egresos sin comprobación documental, la ausencia de contabilidad formal en distintos periodos, pagos a proveedores sin respaldo fiscal y omisiones en el cumplimiento de obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria.

 

Además, se señala la necesidad de regularizar más de tres millones de pesos en operaciones para evitar contingencias fiscales mayores. El periodo más crítico se ubica entre julio de 2024 y agosto de 2025, donde se concentró más de la mitad de las irregularidades detectadas.

 

De acuerdo con la versión de algunos vecinos que contactaron a Noticen para expresar su preocupación  y que compartieron capturas de pantalla de un chat vecinal llamado “Asuntos generales”, hoy queda al descubierto los graves problemas que enfrentan vecinos de Privadas Caranday, al sur de la ciudad.

 

La historia de Caranday inicia en 2020, cuando se constituye la asociación civil del condominio bajo el control de los desarrolladores. Conforme el desarrollo habitacional creció, hacia 2022 la administración fue trasladada a los propios condóminos.

 

Para entonces, el esquema financiero ya descansaba principalmente en las aportaciones vecinales: alrededor de 600 condóminos cubriendo cuotas mensuales cercanas a los 600 pesos, lo que representa un flujo constante de recursos que, acumulado en el tiempo, explica la dimensión del problema detectado.

 

A partir de los hallazgos de la auditoría, en agosto de 2025 se llevó a cabo una asamblea en la que fue electa una nueva mesa directiva con el objetivo de ordenar la administración.

 

Sin embargo, desde su origen, el proceso quedó marcado por inconsistencias documentales. Integrantes del nuevo comité sostienen que en el acta correspondiente sus nombres fueron asentados de forma incompleta, lo que debilitó su reconocimiento formal y abrió un flanco de incertidumbre jurídica.

 

Ante esta situación, acudieron posteriormente ante fedatario público para solicitar la corrección del documento, generándose una fe de erratas que, lejos de cerrar el episodio, terminó por evidenciar deficiencias en la integración original del acta.

 

En otro momento del conflicto, aparece la actuación del notario Gustavo Báez Leos, quien, a partir del análisis del instrumento notarial, es posible advertir que la protocolización del acta no deriva de la presencia directa del fedatario en la asamblea, sino de la narración de hechos realizada por uno de los participantes, identificado como Paolo Arturo Padilla Arredondo, quien además, de forma indebida, concentró diversos roles dentro del mismo proceso.

 

El notario da fe de lo que le fue manifestado, no de lo que presenció. Este elemento abre un margen relevante de incertidumbre jurídica sobre la validez material de la asamblea y sus acuerdos, pues la fe pública descansa en una versión, no en la constatación directa de los hechos.

 

A la par, ha surgido otra línea de cuestionamiento relacionada con el manejo de recursos. Si bien el informe de auditoría no establece de manera expresa transferencias a cuentas personales, concretamente a la de la tesorera, de nombre Isabel N,  condóminos han señalado que parte de los recursos habrían sido manejados fuera de las cuentas institucionales. 

Y es que, el grueso del recurso que cada mes se venía recaudando, era en efectivo y no ingresaba a la cuenta de la asociación por lo que el quebranto podría ascender a varios millones de pesos.

 

En ese contexto, una de las personas señaladas ha reconocido haber recibido recursos en su cuenta personal con el argumento de destinarlos al pago de impuestos, lo que, de confirmarse, evidenciaría no solo un manejo irregular de los fondos, sino también omisiones previas en el cumplimiento de obligaciones fiscales de la asociación.

 

Fue publicada en un diario local una convocatoria a asamblea general para el 26 de marzo de 2026, firmada por la tesorera del condominio. Este elemento ha sido cuestionado, ya que conforme al Código Urbano del Estado, la facultad de convocar corresponde a la presidencia o, en su caso, a la secretaría del órgano de representación, lo que abre la posibilidad de una extralimitación de funciones.

 

A ello se suma una inconsistencia adicional: la convocatoria refiere la realización de una asamblea ordinaria. Sin embargo, aunque las asambleas ordinarias suelen celebrarse dentro de los primeros dos meses del año, la naturaleza de los asuntos a tratar y el contexto del conflicto podrían ubicarla en el ámbito de una asamblea extraordinaria, lo que refuerza la posibilidad de impugnación de los acuerdos que se adopten.

 

El ambiente al interior de Caranday se ha tensado de forma significativa. A diferencia de otros señalamientos que permanecen en el terreno de las versiones, en este caso existe evidencia videográfica en poder de este medio que da cuenta de episodios de violencia física entre residentes, así como de prácticas de violencia digital que involucran a menores de edad, quienes son grabados y expuestos en redes sociales con fines de burla y presión.

 

A ello se suman expresiones de amenaza que, de acuerdo con testimonios recabados, han generado un clima de temor entre un grupo numeroso de condóminos. Estos hechos, por su naturaleza, trascienden el ámbito vecinal y colocan el conflicto en un terreno que podría implicar responsabilidades legales de mayor alcance.

 

El caso de Caranday no es aislado. En Aguascalientes existen más de mil desarrollos bajo régimen de condominio donde se repiten conflictos por áreas comunes, estacionamientos, cuotas de mantenimiento y manejo de recursos.

 

Sin embargo, cuando estos conflictos escalan hacia escenarios de violencia física, hostigamiento digital y posibles actos de intimidación, el problema deja de ser administrativo y se convierte en un asunto de orden público.

 

En ese contexto, el marco normativo vigente muestra sus limitaciones: no exige la videograbación de asambleas, no establece mecanismos robustos de verificación de acuerdos y deja amplios márgenes de interpretación en la representación legal.

 

Caranday se suma así a otros casos con características similares, donde la falta de regulación efectiva permite que las disputas escalen sin contención institucional.

Este caso, junto con otros emblemáticos, pone en entredicho la viabilidad de la vida en condominio.

 

Aguascalientes adoptó este modelo hace apenas dos décadas y, lejos de haber alcanzado una convivencia estable, los problemas más serios apenas comienzan a salir a la luz pública.