"El pasado 28 de octubre La Jornada Aguascalientes retomó las declaraciones del rector de la Universidad Autónoma del Estado, Javier Avelar González, en relación con su negativa a reconocer la denuncia pública como un mecanismo válido para el acceso a la justicia de las víctimas de cualquier tipo de violencia. Estas declaraciones, sin embargo, no sólo criminalizan las denuncias públicas de las víctimas, sino que funcionan como una herramienta de intimidación para que el alumnado, el personal docente y administrativo de la Universidad se abstenga de cualquier tipo de denuncia ante cualquier situación que les vulnere.
El Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado hace mención que conforme a la legislación aplicable en la materia, la autonomía de la Universidad, y de cualquier universidad autónoma, es una autonomía política y administrativa, no de impartición de justicia ante la comisión de un delito del fuero local o federal, ningún órgano interno de control jurídico o de derechos humanos de ninguna universidad autónoma sustituye a las instituciones correspondientes en la atención a las víctimas de delitos como la discriminación, violencia política, violencia de género, violencia sexual, acoso y hostigamiento, y cualquier otra que vulnere la dignidad del estudiantado o ponga en riesgo, en alguna dimensión de su vida, al personal docente y administrativo.
El rector en sus declaraciones, además, pide respetar la presunción de inocencia acorde al Estado de derecho (La Jornada Aguascalientes, 2018), en este sentido, hacemos énfasis en que esta dimensión de los derechos del procesado es algo cuya obligación de cumplimiento únicamente corresponde a las instituciones de impartición de justicia y sus funcionarias y funcionarios, esto no es obligación, ni está a condición de las víctimas, es decir, la presunción de inocencia no es responsabilidad de ellas.
Históricamente, refiere Mariana Ávila Montejano, la búsqueda de justicia alternativa y de medios para denunciar la violencia, específicamente contra las mujeres, que es la más complicada para acreditar ante un sistema judicial y de administración de justicia sin perspectiva de género, de derecho humanos y patriarcal, es la única medida con la que podemos contar las mujeres dentro de las instituciones, no es la más optima, debido a los contextos particulares, pero es la que tenemos ante las omisiones.
Esto evidencia la falta de mecanismos adecuados y de la atención que tendría que tener la Universidad Autónoma, específicamente en estas denuncias que han señalado alumnas, personal docente y administrativo de la Universidad, donde no se han generado los mecanismos necesarios. La universidad no ha avanzado para establecer un protocolo adecuado, la ruta adecuada o por lo menos no ha dado la difusión suficiente y no tiene al personal con el mejor perfil en estas áreas, enfatizó la coordinadora del Observatorio.
La denuncia pública es un derecho de las víctimas para manifestar las violaciones a sus derechos humanos, y sin duda, las redes sociales y los medios de comunicación son una herramienta fundamental ante el silencio, no sólo en la institución, sino de las mismas autoridades, continuó Ávila Montejano.
La denuncia no se agota en los deficientes mecanismos que ofrece la Universidad a las víctimas, por lo que invitamos al alumnado, a personal docente y administrativo a denunciar públicamente cualquier acto que les violente, a recurrir a todas las instancias correspondientes, a recurrir a la sociedad civil organizada y a los medios de comunicación para exigir justicia. El silencio no nos protege".
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