Propietarias de estancias infantiles de sedesol, solicitaron el amparo de la justicia federal; 180 establecimientos en riesgo de cierre.

Propietarias de estancias infantiles de sedesol, solicitaron el amparo de la justicia federal; 180 establecimientos en ri...

Propietarias de estancias infantiles de sedesol, solicitaron el amparo de la justicia federal; 180 establecimientos en riesgo de cierre.

Aguascalientes Ags., 22 de febrero.- Propietarias de 180 estancias infantiles en todo el estado, interpusieron hoy el amparo de la justicia federal en contra de la Secretaría de Bienestar federal, por la suspensión los recursos que se venían otorgando para subvencionar la estancia de más de 3 mil niñas y niños en estos recintos especializados de atención a hijos de madres trabajadoras.

De la mano de Movimiento Ciudadano, a través de su representante nacional, José Luis Proa, los afectados decidieron tomarle el apoyo a este partido político, ya que la situación por la que atraviesan la mayoría de las estancias es tan delicada que están en riesgo de cerrar sus puertas y dejar de atender profesionalmente a niñas y niños que venían atendiendo con el apoyo económico del gobierno federal hasta el pasado mes de diciembre.

José Luis Proa hizo un llamado a las legisladoras y legisladores federales, sin importar partido político, “para hacer causa común a favor de estos establecimientos y sobre todo, para proteger los derechos de las niñas y los de ser atendidos en condiciones de seguridad, de bienestar y de salud emocional como lo brindan las estancias infantiles”.

De igual manera pidió al delegado de bienestar, Aldo Ruiz, que dé una mejor atención a las propietarias de estancias, a quienes simplemente se les ignoró.

Por su parte, una de las propietarias de estancias infantiles destacó las estancias no pertenecen a partido político alguno así como las afectadas; “no pertenecemos a ningún partido pero aceptamos cualquier ayuda, venga de donde venga, porque la situación de las estancias es muy frágil”.

Cabe destacar que esta es la primera acción legal de defensa en contra de la medida anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien con el argumento de que en estas estancias se da la corrupción, prefirió entregar el recurso económico a cada padre o madre de los menores, o a quien tenga la patria potestad, acción que no garantiza el bienestar y la atención profesional que el programa, en su esencia, persigue.