PACO CHÁVEZ, OTRO PERSEGUIDO POLÍTICO DEL EXGOBERNADOR MARTÍN OROZCO.

 

Aguascalientes Ags., 09 de mayo 2023.- El polémico caso del ex titular de educación Francisco Chávez en el sexenio de Carlos Lozano, quien fue acusado por el delito de ejercicio indebido del servicio público por la contratación del despacho Collado y Asociados, es un caso de “persecución política”.

 

Durante una entrevista realizada esta mañana por el periodista José Luis Morales, Paco Chávez rompió el silencio que guardó los seis años de gobierno de Orozco Sandoval, y dijo que, a pesar de que no existen elementos constitutivos de delito, la Fiscalía mantiene una persecución que inició en el sexenio pasado con tintes meramente políticos.

 

La Fiscalía emitió ayer un comunicado en el que informó de “una importante actualización sobre la sentencia condenatoria dictada en primera instancia en contra de un exfuncionario de orden estatal de nombre Francisco Javier N, —quien se desempeñó como titular del Instituto de Educación—, por su intervención en el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, previsto y sancionado dentro del artículo 169 fracción V del Código Penal para el Estado de Aguascalientes”.

 

El comunicado señala además que “…la carpeta de juicio establece que el sujeto otorgó tres contratos de prestación de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios a una reconocida firma de abogados de nombre ‘Collado y Asociados’, para lo que destinó la cantidad de 7 millones 420 mil pesos, por concepto de defensa para la institución en dos juicios: el primero radicado en el Juzgado Quinto Mercantil y el segundo en el Juzgado Cuadragésimo Noveno Civil de la Ciudad de México. Pese a la contratación, el referido despacho no realizó ningún acto procesal a favor de la institución pública, ya que toda la defensa se llevó a cabo por el área jurídica del propio ente con plaza presupuestal”.

 

En otra parte del boletín se afirma que “…obtuvo una sentencia condenatoria en primera instancia en contra de quien se desempeñara como servidor público, en la que se establece que compurgará una pena de dos años de prisión, el pago de una multa de 3 mil 188 pesos y 50 centavos, además del resarcimiento económico de 7 millones 420 mil pesos por concepto de reparación del daño a favor del IEA y un año de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

 

Al respecto, Paco Chávez explicó que, en su momento, efectivamente fue contratado el referido despacho “en un acto que no es delito”, para recuperar cerca de 400 millones de pesos por el incumplimiento en la proveeduría de equipos de cómputo. 


Tan no es delito contratar asesoría legal externa que el IEA, después de ganar el pleito en contra de la Universidad Autónoma del Carmen UNACAR, el IEA “siguió contratando al mismo despacho, incluso ahora mismo, ese bufete brinda actualmente servicios al Instituto” porque es claro que no es delito como lo hace ver  la Fiscalía en el caso del exfuncionario.

 

Dijo que a pesar de que Fiscalía de inicio no consiguió la vinculación a proceso por no existir elementos que constituyeran delitos, las cosas fueron forzadas con un interés claramente político “derivado de mis aspiraciones político electorales”, pero, sobre todo, cuando termina un sexenio “se buscan culpables de corrupción”, siendo él una especie de chivo expiatorio, teniendo que enfrentar seis años de persecución política, dañando constantemente su imagen.

 

Dijo que, hoy, no existen elementos para una sentencia condenatoria; el IEA ganó el juicio en contra de UNACAR que tendrá que resarcir los daños, incluidos las costas del juicio, es decir, el dinero que se destinó al pleito y que curiosamente dicho gasto fue tomado por la Fiscalía para fincar el delito de ejercicio indebido del servicio público. 


Sin embargo, dijo, “se me ordena resarcir 7.4 millones pagados al despacho Collado y Asociados cuando estos recursos forman parte de la recuperación a la que el IEA tiene derecho gracias a que se ganó el juicio”, dijo el ex funcionario quien subrayó que se trata de un tema meramente político y que por cierto, las acusaciones de presunta corrupción nunca versaron en distracción de recursos para lograr un beneficio personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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