ACUSACIÓN EN EU DETALLA PRESUNTA RED DE PROTECCIÓN AL CÁRTEL DE SINALOA CON FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL.

  ACUSACIÓN EN EU DETALLA PRESUNTA RED DE PROTECCIÓN AL CÁRTEL DE SINALOA CON FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL. Especial/Noticen. >> Es la p...

 

ACUSACIÓN EN EU DETALLA PRESUNTA RED DE PROTECCIÓN AL CÁRTEL DE SINALOA CON FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL.

Especial/Noticen.

>>Es la primera vez que el gobierno de Estdos Unidos formaliza una acusación grave en contra de un mandatario estatal.

>> No sería el único gobernador que está en la mira de la justicia norteamericana.

 

Aguascalientes Ags., 29 de abril de 2026. El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó una acusación ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas —entre ellas funcionarios y exfuncionarios estatales— por su presunta participación en una red de protección al Cártel de Sinaloa, particularmente a la facción conocida como “Los Chapitos”. 

El documento que comenzó a circular en México y que correspondería a la acusación formal ante una corte, fechado el 23 de abril de 2026, describe una supuesta asociación delictuosa dedicada a facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con la acusación, los señalados son: Rubén Rocha Moya; Enrique Inzunza Cázarez, actual senador y exsecretario general de Gobierno; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, sucesor en ese cargo; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exmando policial; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la policía municipal. 

Todos ellos, según el gran jurado, habrían participado en distintos niveles dentro de la estructura de apoyo institucional al grupo criminal.

El expediente judicial sostiene que, desde al menos 2012 y hasta la fecha de la acusación, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa mediante el pago y recepción de sobornos, filtración de información sobre operativos, protección a cargamentos de droga y facilitación de rutas de tráfico. 

Se documenta que algunos funcionarios recibían pagos mensuales —en efectivo— por parte de la organización criminal, mientras que otros habrían intervenido directamente para evitar detenciones, ordenar liberaciones de integrantes del cártel o incluso dirigir acciones contra grupos rivales.

Uno de los elementos más delicados del documento es la referencia a presuntos vínculos entre actores políticos y el proceso electoral de 2021 en Sinaloa. Según la acusación, líderes de “Los Chapitos” habrían brindado apoyo a la candidatura de Rocha Moya mediante acciones como intimidación a opositores, manipulación del entorno electoral y uso de operadores para influir en el resultado de la elección, a cambio de compromisos de protección y control institucional una vez en el gobierno.

El documento también describe la manera en que la estructura de seguridad pública habría sido utilizada para favorecer al grupo criminal. Se señala que corporaciones estatales y municipales fueron infiltradas o cooptadas para permitir la operación del cártel sin interferencias, incluyendo la protección de laboratorios, el traslado de droga y la anticipación de cateos o acciones coordinadas con autoridades federales o estadounidenses. 

En algunos casos, incluso, se menciona la participación de elementos policiales en actos de violencia, secuestros y represalias contra personas consideradas adversarias o colaboradoras de agencias de seguridad.

Además del cargo principal por conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, la acusación incluye delitos relacionados con la posesión y uso de armas de alto poder en el contexto de actividades de narcotráfico. 

El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, quien llevará el proceso en una de las jurisdicciones más relevantes para casos de crimen organizado internacional.

Hasta el momento, no se ha informado de posicionamientos oficiales por parte del gobierno de Sinaloa ni de los implicados respecto a las acusaciones. Sin embargo, la dimensión de los señalamientos —que involucran a actores políticos en funciones y estructuras completas de seguridad pública— coloca el caso como uno de los expedientes más sensibles en materia de presuntos vínculos entre crimen organizado y poder institucional en México.