El PRI deberá pagar más de 120 mil pesos mensuales por su sede.

El PRI deberá pagar más de 120 mil pesos mensuales por su sede.

>>La negociación se atoró: Kendor Macías dejó de responder las llamadas del Gobierno.

>>Las rentas deberán ser destinadas a programas sociales.

 

Aguascalientes Ags., 09 de septiembre de 2026.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendrá que pagar más de 120 mil pesos mensuales si pretende continuar ocupando el edificio que durante décadas ha utilizado como sede estatal en Aguascalientes, inmueble que pertenece al Gobierno del Estado.

De acuerdo al valor de arrendamiento determinado mediante la justipreciación realizada por el Instituto Registral y Catastral, referencia que la administración estatal deberá considerar para regularizar el uso de la propiedad.

El monto representa un problema considerable para las finanzas del PRI. En los acercamientos realizados para resolver la situación, la dirigencia encabezada por Kendor Macías habría planteado una renta cercana a los 20 mil pesos mensuales, cantidad muy inferior a la determinada para el inmueble.

Sin embargo, fuentes gubernamentales confirmaron que el dirigente partidista ya no atiende las llamdas de Gobierno del Estado que buscan llegar a un acuerdo, aplazando el cumplimiento de sus obligaciones, lo que pone distancia a establecer un acuerdo que ponga fin al aduedo.

A ello se agrega otro problema: el partido acumularía alrededor de dos años de pagos pendientes, por lo que la regularización no pasa solamente por establecer cuánto deberá pagar en adelante, sino también por resolver los adeudos existentes.

La utilización de un inmueble propiedad del Gobierno del Estado derivó en una investigación contra el PRI local por el posible uso de recursos provenientes de entes prohibidos, iniciada a partir de la intervención del Instituto Nacional Electoral.

En el expediente figuran el actual dirigente estatal y anteriores dirigentes priistas, y posteriormente se estableció un mecanismo para suspender el procedimiento sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.

La regularización del inmueble forma parte de ese escenario jurídico. Por ello, el Gobierno del Estado no tendría margen simplemente para permitir que el partido continúe utilizando gratuitamente el edificio o establecer discrecionalmente cualquier cantidad por concepto de renta, pues existe ya una valoración oficial que coloca el arrendamiento por encima de los 120 mil pesos mensuales.

Como parte del acuerdo que permitió suspender el juicio, el juez ordenó sanear el fideicomiso que deberá recibir los recursos provenientes de la renta del inmueble. Posteriormente, el dinero será transferido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para su canalización a programas sociales.