EPICENTRO / 24 de Agosto 2017 Por Carlos Gutiérrez Gutiérrez 1º RICHTER Además de indebido, el sueldo d...
EPICENTRO / 24 de Agosto
2017
Por Carlos Gutiérrez Gutiérrez
1º RICHTER
Además de
indebido, el sueldo del rector de la UAA, Javier Avelar González, también es
ilegal. Resulta que, el actual sueldo que percibe el rector supera en 325%
el monto máximo autorizado por el Consejo Universitario para el 2017, toda vez
que la percepción aprobada es de 56,860.10 y actualmente recibe 185,109.42
pesos por mes. En una consulta por transparencia realizada
por Noticen, se encontraron dos documentos que no
coinciden entre sí. Por un lado, está el Tabulador de Sueldos de Personal
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a Partir del 1º de Enero de 2017,
en donde especifica que el Rector debe ganar 56,860.10 por mes.
En contraste, el documento Remuneración Mensual, en donde se hace una
descripción detallada sobre la integración del salario, con base a percepción
neta, adiciones salariales y deducciones, arroja como remuneración neta mensual
la cantidad de 185,109.42, cifra que supera en 325% el monto autorizado por el
propio Consejo Universitario.
2º RICHTER
Pero eso no es todo, porque
resulta que, el salario que actualmente percibe el gobernador, es inferior al
del Rector, ya que el primero de ellos gana 180,752 pesos y el segundo,
185,109.42 por mes, hecho que viola el Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Aguascalientes para el ejercicio 2017, pues en su artículo 103, establece que: “Ningún
servidor público dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes,
de alguna Entidad u Órgano Autónomo, Organismos Públicos Descentralizados o
Desconcentrados de la Administración Publica Estatal, ni de alguna empresa de
participación estatal de dicho Estado, podrá gozar de un sueldo superior al
asignado al Gobernador del Estado de Aguascalientes, en el Tabulador anterior,
incluyendo todo tipo de conceptos como gratificaciones, compensaciones y
cualquier otro que forme parte de sus percepciones; la violación a esta
disposición podrá originar responsabilidad administrativa en los términos de la
legislación aplicable, para el responsable de esta situación”. Esto quiere decir que, el sueldo del rector de
la UAA viola esta disposición legal, lo que le hará, en términos jurídicos,
acreedor a enfrentar responsabilidades administrativas. No hay vuelta de hoja.
3º RICHTER
En dos semanas más
podrían estar listas las recomendaciones que emitirá la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en contra de autoridades municipales por la presunta violación a los
derechos humanos de los estudiantes normalistas de Tiripetío, así como los
hechos de presunta tortura de varios sujetos a los que fueron vejados y
golpeados. Lo anterior lo puso en claro
el presidente del organismo, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, quien a su regreso
de la ciudad de México y tras haberse reunido con el presidente de la CNDH y
con el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el tema de
los derechos humanos, dijo haber obtenido su respaldo para una actuación contundente
en estos delicados temas.
4º RICHTER
En efecto, son temas de sumo delicados, porque
estamos hablando de la presunta participación de elementos y mandos policiales,
de quienes debemos esperar su protección y no agresiones. En conferencia de prensa efectuada ayer en
las propias oficinas de la CEDHA, el Ombudsman criticó la falta de voluntad de
algunos involucrados directamente en estos dos delicados temas, pero reconoció
la voluntad política de la alcaldesa para llegar a esclarecer los hechos. Cuestionó además que, entre los obstáculos que
han tenido sus investigaciones están el hecho de que “ninguna patrulla” cuenta
con GPS y hay serias deficiencias en los sistemas de video vigilancia, lo que
deberá subsanarse a la brevedad. Por lo pronto confió en que habrá respuesta de
un grupo de servidores públicos a quienes les ha faltado rendir informes
justificados para proceder al cierre del procedimiento y a emitir las
respectivas recomendaciones.
5º RICHTER
Un dato que llamó
la atención en la conferencia de prensa es el hecho de que el Alto Comisionado
de Naciones Unidas para México le habría dicho que Aguascalientes era una de
las entidades del país en donde no se contaban con antecedentes de tortura y
que a raíz de los hechos de los días 2, 3 y 5 de julio, en donde personas
aparecieron con huellas de tormento, nuestra entidad ya fue incluida en el mapa
de este organismo internacional pro derechos humanos. Lo que no recuerda el Alto Comisionado, y
probablemente desconozca el Ombudsman, es que, Aguascalientes, en las administraciones
de Luis Armando Reynoso y de Carlos Lozano, figuraron en varias denuncias por
tortura, tratos crueles e inhumanos, echando por tierra la afirmaciones del OACNUDH,
según la versión de Martín Jáuregui.
6º RICHTER
Otro dato
relevante es que, para nadie fue un
secreto las pugnas que sostuvieron el
General Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, Secretario de Seguridad Pública del
Estado y el entonces Procurador General de Justicia, Felipe Muñoz Vázquez,
quienes disputaron siempre la hegemonía de la seguridad pública a costa de bloquearse
mutuamente, al grado, incluso, de protagonizar una bravata en donde salieron a
relucir sus respectivas armas de cargo, amagándose mutuamente. En este escenario, torturados hubo muchos
casos, sobre todo denuncias, unas alentadas por el Procurador y otras por el
General Eddy, escenificando una guerra de expedientes. La famosa Casa de Arraigos, fue escenario de
tortura y de ello hubo denuncias, incluso recomendaciones y en su momento, tomó
conocimiento la Tercera Visitaduría de la CNDH, por lo que, dicho tema no es
tan nuevo como lo pretende presentar el Ombudsman.
7º RICHTER
Es una pena que
tanto el Observatorio de de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA)
como la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, cierren sus ojitos ante lo
que sucede en este momento en la Escuela Normal Rural Justo Sierra, de Cañada
Honda en lo relativo a las famosas y lesivas novatadas. En el caso del Observatorio,
semanas atrás, este columnista se comunicó a dicho organismo para hacer de su
conocimiento una denuncia pública obteniendo por respuesta que sólo actuarían a
denuncia expresa, cuestionando así la tarea que debe hacer un observatorio. En
el caso de la CEDH, leía ayer una nota informativa publicada por La
Verdad del Centro, en donde una madre de una de las normalistas acudió
ayer mismo a tratar de poner una queja ante el organismo protector de los
derechos humanos, encontrando una negativa de la institución aludiendo a que “es
un asunto entre particulares”.
8º RICHTER
Así las cosas, el Ombudsman se negó a recibir la queja de una madre
preocupada por las novatadas entre las que destacó que su hija fue obligada a
correr en la madrugada más de 3 kilómetros sin descanso y sin beber agua, se le
impidió dormir más de una hora al día, recibió sólo una porción de alimento
durante 24 horas, la obligan a arrastrarse en el lodo, comer desperdicios y
bañarse en aguas negras, además de ser sometida a tortura psicológica mediante
las famosas emboscadas, que incluyen la
detonación de bombas molotov a distancias relativamente cercanas a las normalistas
maltratadas. Los tratos crueles que reciben las más de 100 normalistas de nuevo
ingreso van, desde los insultos hasta
los golpes y maltrato, como el recibir baños con agua helada y ser obligadas a
realizar otros actos que a su consideración atentan contra la dignidad y vida
de las normalistas y en especial, de su hija. Tras el relato de la desesperada
madre, el trabajador social que la atendió se comunicó con Jesús Eduardo Martín
Jáuregui, recibiendo de éste, una negativa tajante a recibir la queja de la
madre de la normalista, argumentando que “las agresiones provienen de las
normalistas y son actos entre particulares y que a ellos sólo les corresponde
investigar violaciones provenientes de autoridades”. Este hecho deja mal parado al defensor de los
derechos humanos, sobre todo, porque él mismo debe saber que cuando las
violaciones de derechos humanos se dan de un particular a otro particular,
existe la defensa INDIRECTA de los derechos humanos, esto es, mandar llamar a
rendir cuentas a la autoridad que regula o vigila la instancia pública en donde
se dan dichas violaciones. Es lo que hay.
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