Acreditan ante el TEEA el primer caso de violencia política por razón de género.
Aguascalientes Ags., 07 de marzo 2021.- Por unanimidad y sin debate, las magistradas y el magistrado electoral del estado de Aguascalientes dictaron sentencia por violencia política por razón de género en contra de Sebastián Martínez González y Gustavo Chávez Ortiz, al haberse comprobado su responsabilidad en la violencia ejercida en contra de una funcionaria pública y aspirante a puesto de elección popular del municipio de Jesús María.
Desde la reforma al Código Electoral del Estado de Aguascalientes, en donde se reforzó la protección a las mujeres de un ambiente político libre de violencia, y en el actual proceso electoral, los magistrados electorales encontraron elementos para fincar responsabilidades ambos personajes vinculados a Morena por expresiones que niegan individualidad, capacidad y aspiraciones políticas de la afectada al señalarla como “esposa de”.
Aunado a lo anterior, durante lo que fue la 14 sesión pública de resolución virtual 2021, se asentó que los inculpados declararon en conferencia de prensa algunas afirmaciones que fueron tomadas como evidencias para acreditar dicha violencia como el hecho de que en Morena se venden candidaturas, y los supuestos vínculos con el narco del cónyuge de la funcionaria pública afectada, hechos que, a decir de los magistrados, encuadran el tipo de violencia política por razón de género.
Ahora los inculpados deberán pagar, cada uno, una multa de 50 Umas, esto es, 4,481 pesos además de que fueron invitados a tomar cursos ante el Centro de Justicia para Mujeres, al Instituto Aguascalentense de la Mujer, sobre violencia de género.
Además de los directamente sancionados, las magistradas Claudia Eloísa Díaz de León González, Laura Hortensia Llamas González y el magistrado Salvador Hernández Gallegos, emitieron un apercibimiento público en contra de varios medios de comunicación quienes dieron cobertura periodística a la conferencia de prensa en donde fue perpetrada la violencia política, además de que los emplazaron a trasmitir una disculpa pública que deberán hacer los sancionados a favor de la víctima.
Producto de esta resolución, las y el magistrado acordaron dar vista a la Unidad de Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE, aunque no explicaron para qué, si señalaron que el Consejo General del IEEA ha empleado tácticas dilatorias para hacer justicia a quienes presentan recursos ante esa instancia.
En el caso de la regidora de Jesús María, pasaron 23 días desde que se presentó la denuncia hasta que el Tribunal Electoral tuvo conocimiento, cuando este tipo de casos se debe actuar con rapidez, ya que el daño de la víctima fue tal, al estar expuesta tanto tiempo en los medios de comunicación que replicaron las acusaciones hoy motivo de sanciones.
