¡Ayúdanos, Martín, antes de que te vayas! Por Sergio Rodríguez Prieto.

¡Ayúdanos, Martín, antes de que te vayas! Por Sergio Rodríguez Prieto.  Se afirma, y bien, que en boca cerrada no entran ...

¡Ayúdanos, Martín, antes de que te vayas!

Por Sergio Rodríguez Prieto. 

Se afirma, y bien, que en boca cerrada no entran moscas, pero, ante tanto escupitajo (no se el significado de esa palabra, pero fonéticamente se oye bien para con ella intentar describir las formas con las que se cuenta hoy en día para la toma de decisiones por algunas entidades públicas) las moscas en cuestión pasean a su libre albedrío (suponiendo que cuentan con él) al interior de nuestros respectivos hocicos, por la dificultad que hemos experimentado de no poder cerrarlos a tiempo, lo que solo será posible en cuanto salgan las moscas de aquellos.

En consecuencia, siendo demasiados los escupitajos que deben ser motivo de comentario, no hay tiempo que alcance para abordar cada uno de ellos, y así que me quedo por ahora con solo uno de ellos, por cierto, bastante significativo: el “Decreto por el que se establece el Sistema de ‘Compensación Vitalicia’ por justicia social a personas extrabajadoras de la extinta Luz y Fuerza del Centro”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2022, y otorgado el mismo día por el inefable Andrés Manuel Lopez Obrador. Encantador documento cuya justificación determinante y extremadamente sesuda lo fue que “…el 10 de febrero de 2022, el presidente de la República en su conferencia matutina señaló que era de elemental justicia que el Gobierno federal implementara una compensación mensual vitalicia por justicia social a ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro…”. ¡Listo! ¿Para qué otras consideraciones? Con tal argumento, tan sólido y contundente, nada más tenía que agregarse.

Y para ejecutar dicho decreto se involucra a las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, de la Función Pública, y (ojo) al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (sic), que por cierto que no es otra cosa que el servicio de administración y enajenación de bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transformado en organismo público descentralizado, pero dependiente de tal secretaría, y según esto, para “…dar destino a los bienes y a las empresas improductivas para el estado, con compromiso, eficiencia, transparencia y responsabilidad social, buscando contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, las finanzas públicas y el sistema financiero mexicano…”, según se lee en la página web del INDEP.

El primer requisito que debe cumplirse para tener acceso a tal esquema compensatorio, de acuerdo a lo que establece el artículo 1 del decreto en cuestión es “…que actualmente se encuentren con vida…” quienes pretendan obtenerlo (¡Eso dice!, no me culpen). Si la liquidación de “Luz y Fuerza del Centro” ocurrió el 11 de octubre de 2009, es factible que trece años después de ello, existan aún varios sobrevivientes. Tarea aparte será obtener el número de trabajadores “liquidados” en su momento, y sobre todo, los que no tuvieron ese beneficio (y que para este segundo supuesto, se entiende que hubo una razón legal para ello). 

Y esto no tendrá éxito si el tema no se encuentra debidamente burocratizado, y para ello el contenido del artículo 7, párrafo VIII, del decreto, que me permito transcribir en parte, como modelo básico, a impartir en la clase de derecho burocrático de cualquier carrera de licenciatura en derecho del país. Se especifica así lo siguiente: “…Se realizará conforme a lo siguiente: 1. Las personas extrabajadoras interesadas que cumplan con los requisitos señalados en el apartado VII deben consultar la información publicada en el portal oficial de Internet del Indep, y gestionar una cita; en caso de no poder concretarla, deberán llamar al teléfono 55 91 83 43 44 o directamente presentarse en el CAP México-Coyoacán de LyFCL, ubicado en Avenida México Coyoacán, núm. 318 planta baja, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez CP 03340, Ciudad de México, de lunes a viernes, de las 8:00 a las 15:00 horas, o en el correo electrónico oficialiadepartes@Ifl.gob.mx, a partir de la fecha que dé inicio el sistema.- Se notificará a la persona extrabajadora interesada si procedió o no su incorporación al Sistema. 

En su caso, señalará el día y la hora para la firma del convenio…”. Exquisita su metodología. Asimismo tendrán acceso los beneficiarios a un seguro de vida por la cantidad de 350 mil pesos (este año), y que será objeto de aumento en los subsecuentes. Por cierto, la pensión que se está otorgando tiene carácter retroactivo al 1 de enero de 2022.

Es obvio que esto generará gastos de operación, lo que no obstará para su funcionamiento. Por eso la disposición de que “…Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, en su caso las modificaciones a las atribuciones o a la estructura orgánica, deberán cubrirse mediante movimientos compensados con cargo al presupuesto aprobado del Indep para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, por lo que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto de ese ejecutor del gasto para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por este concepto…”. Preguntaré a los que saben qué es eso de “movimientos compensados”, pero que de forma elemental se entiende que dichos gastos se pagarán con lo autorizado en el presupuesto de egresos (aunque en el caso, tal actividad administrativa no haya sido contemplada).

Y un último detalle: como la coordinadora de esta ocurrencia llamada “Sistema de Compensación Vitalicia” le corresponde a la Secretaría de Gobernación, será ésta la que para el futuro presupueste los gastos de aquel sistema, aunque su ejercicio esté a cargo de la Secretaría de Hacienda. Así el mamotreto en cuestión. Otro ejemplo del trasnochado populismo de la sinsentido 4T, que hasta hoy, ningún chairo ilustrado ha sabido explicarnos.

Si todo lo anterior (con todos los defectos jurídicos del mundo) ha resultado ser un “plausible” acto de gobierno, entonces, ¿qué espera Martín Orozco (antes de que se vaya) para emitir uno similar que se titularía “Decreto por el que se establece el Pago de Jubilación Vitalicia por Justicia Social a Catedráticos e Investigadores, así como Personal Administrativo de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes”? Siempre alabaríamos de su generosidad, y en buenos términos, por quienes durante años hemos sido objeto de evidente robo a cargo de tan “digna” institución.

Sergio Rodríguez Prieto.

Septiembre de 2022.

Aguascalientes, Ags.