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Aguascalientes Ags., 21 de noviembre.- Con un atraso de más de 7 meses, en la que por mandato constitucional, Aguascalientes debería contar con la Comisión Estatal de Víctimas, (CEV) los legisladores locales han dado preferencia a sus proyectos personales y dejan de lado una obligación constitucional que incluso, que pudiera desencadenar un alud de amparos por parte de víctimas que vean y prueben que la omisión legislativa, viola sus derechos.

La Comisión Estatal de Víctimas, es una estructura fundamental en el nuevo sistema de justicia, sin embargo y a pesar de que es la propia Constitución la que obliga crear la Comisión Nacional de Víctimas y sus respectivos entes en los estados del país, los diputados locales se siguieron de largo y han dejado a un lado esta importante pieza en la grave tarea de impartir justicia.

Al respecto, entrevistado sobre este tema, José Luis Eloy Morales Brand, director de la carrera de derecho de la UAA, sin entrar en el terreno de la especulación política sobre el futuro de los legisladores,  consideró que la omisión que hasta ahora ha tenido el Congreso en la creación de esta Comisión, viola derechos de las víctimas quienes pudieran ampararse contra el Congreso del Estado en temas como, reparación del daño, disponer de asesoría de calidad, incluso, demandar económicamente al Estado para la reparación de daño, todo ello, derivado de que al día de hoy, no existencia de la CEV.

Dijo que de acuerdo al nuevo sistema de justicia, el Estado se vuelve como un especie de deudor solidario ante la no reparación del daño, y para ello, debe disponerse de un fondo para víctimas, pero integrado ya en el concepto general de lo que deberá ser la Comisión Estatal de Víctimas, que deberá ser un organismo descentralizado o autónomo, que sea el responsable de administrar y ejercer los recursos que se dispongan para reparar el daño a quienes sean víctimas de la delincuencia, siempre y cuando el principal responsable, no cuente con recursos para resarcir el daño.

Dijo que el 3 de enero del 2017, salió publicada una reforma a la Comisión Nacional de Víctimas, que consistió básicamente en dejarla integrada por un consejero en lugar de tres, como se concibió originalmente, sin embargo, para los estados del país, esta condición no es limitativa por lo que sugirió que para el caso de Aguascalientes se mantengan tres comisionados, para que sea de forma colegiada la conducción de esta estructura.

En esta reforma, el artículo Décimo transitorio, establece que se dan 90 días a las entidades del país para crear las Comisiones Estatales de Víctimas, esto es que, debió de haberse creado a más tardar en el mes de abril, cosa que no sucedió y en el artículo Noveno transitorio de la reforma, se dan un plazo de 180 días para reformar todo el marco legal que haya lugar con la finalidad de dar vida a esta estructura que es fundamental para el nuevo sistema, sin consideramos que una de sus grandes promesas fue la de atender a las víctimas.

Con estas omisiones, se viola un mandato constitucional porque en Aguascalientes aún no se crea, por lo que cualquier víctima podría irse al amparo contra el Congreso del Estado por falta de comisión, por falta de asesoría y de fondos de reparación de daño, y lo más preocupante es que, esta nueva estructura de justicia demanda  de recursos, mismos que tienen que estar presupuestados y se desconoce si en el proyecto de Paquete Económico 2018, está considerada alguna partida específica para su creación y puesta en operación, de lo contrario, los juicios de amparo podrían generar una demanda de recursos extraordinarios.



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