Aguascalientes Ags., 16 de noviembre.- Las víctimas siguen siendo las más olvidadas en el nuevo Sistema de Justicia Penal, no sólo resulta ser un contrasentido, porque se supone que este nuevo modelo privilegiaría su atención, sino que en los hechos, el nuevo sistema también las desplaza por carencias, falta de recursos y visión institucional en su implementacion.

Ante este resultado parcial del nuevo sistema de justicia, es urgente destinar mayores recursos para desarrollar a plenitud las estructuras e instituciones para que pueda funcionar adecuadamente y que el acceso a la justicia no tenga restricciones.

En una investigación realizada por Noticen, se encontró con que, una de las partes fundamentales del nuevo sistema, como lo es el derecho al acceso a una adecuada defensa, en realidad se complica porque, por un lado, no hay suficientes abogados preparados y con experiencia, y por el otro, el Instituto de Defensoría Pública, mantiene un déficit de al menos 50 abogados capacitados, aunque para el maestro José Luis Eloy Morales Brand, director de la carrera de derecho de la UAA, se requieren al menos 70 defensores más y otros 70 abogados que desempeñen las funciones de Asesores Legales.

En entrevista, el especialista presentó un panorama de bastante “anemia” en el tema de la atención de las víctimas, ya que por un lado, hay una enorme debilidad en el Instituto de Defensoría Pública, porque actualmente hay 11 abogados capacitados en el nuevo sistema para dar atención a 2,034 carpetas de investigación que llevan actualmente en dicho instituto, algo que definitivamente merma la calidad en la defensa, no tanto porque los abogados no estén debidamente preparados y experimentados, que si lo están, sino porque la carga de trabajo es mucha, “cuando tienes más de 180 carpetas por defensor, el atender audiencias lleva su tiempo,  luego entonces en qué momento analizas, investigas, entrevistas, recabas pruebas, preparas una buena defensa” cuestionó  Eloy Morales.

Datos recabados por transparencia del propio Instituto de defensoría revelaron que existe un déficit de defensores de cuando menos 50 abogados especializados en el nuevo sistema, ya que, solo el año pasado, a cada defensor le tocó atender 213 carpetas de investigación y/o expedientes, una tarea titánica si a ello se le suma que sólo cuentan con dos investigadores, con un número poco significativo para la demanda en temas de asesoría en disciplinas Civil, Familiar, Mercantil, cuya carga de trabajo es incluso mayor a la que representa para los defensores.

Actualmente, dicho instituto lleva 1,034 carpetas de investigación, 541 de ellas ya judicializadas, y sólo hay 11 abogados defensores para el nuevo sistema de justicia y 6 para el anterior, algo que simplemente limita el acceso de las victimas a ser defendidos por el Estado.


Las víctimas siguen siendo las más olvidadas también en el nuevo sistema.

José Luis Eloy Morales Brand se refirió además a un aspecto fundamental en la estructura del nuevo sistema, en concreto, a la Comisión Estatal de Víctimas, que para el caso de Aguascalientes no existe, a pesar de que es un mandato constitucional.

Aguascalientes es de los pocos estados en donde los legisladores no han creado esta Comisión, una estructura que resulta de gran importancia para una atención integral de las víctimas. 

Se requiere, dijo, de un fortalecimiento sistémico, pero en lo específico, en el tema de la atención a víctimas, hay incumplimientos constitucionales que resultan urgentes atender.

Consideró necesario fortalecer al Instituto de Defensoría Pública, porque como opera actualmente simplemente no se puede trabajar de manera adecuada, sus instalaciones limitan físicamente el acceso a las personas, no hay espacio para su adecuada atención, lo que demanda de un edificio propio, diseñado especialmente para brindar la atención a quienes han sido víctimas de la delincuencia.    

Un factor fundamental resulta ser la contratación de más abogados con conocimientos acreditados en el nuevo sistema, y que no se pierda de vista la necesidad de incentivar a estos guerreros, debido a que, no hay actualmente un sólido servicio civil de carrera que dé estabilidad en sus empleos, sus sueldos no han sido homologados, ya que los defensores públicos, los asesores de víctimas y los agentes del ministerio público deben de percibir el mismo salario, sin embargo en los hechos esto no sucede, lo que limita el correcto desarrollo organizacional de una institución responsable de atender a lo que se supone debería ser el principal “actor” en este nuevo sistema: las víctimas.  



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