Aguascalientes Ags., 16 de noviembre.- Las víctimas siguen siendo las más olvidadas en el nuevo Sistema de Justicia Penal, no sól...
Aguascalientes
Ags., 16 de noviembre.- Las víctimas siguen siendo las más olvidadas en el
nuevo Sistema de Justicia Penal, no sólo resulta ser un contrasentido, porque
se supone que este nuevo modelo privilegiaría su atención, sino que en los
hechos, el nuevo sistema también las desplaza por carencias, falta de recursos
y visión institucional en su implementacion.
Ante este
resultado parcial del nuevo sistema de justicia, es urgente destinar mayores
recursos para desarrollar a plenitud las estructuras e instituciones para que
pueda funcionar adecuadamente y que el acceso a la justicia no tenga
restricciones.
En una
investigación realizada por Noticen, se encontró con que, una de
las partes fundamentales del nuevo sistema, como lo es el derecho al acceso a
una adecuada defensa, en realidad se complica porque, por un lado, no hay
suficientes abogados preparados y con experiencia, y por el otro, el Instituto
de Defensoría Pública, mantiene un déficit de al menos 50 abogados capacitados,
aunque para el maestro José Luis Eloy Morales Brand, director de la carrera de
derecho de la UAA, se requieren al menos 70 defensores más y otros 70 abogados
que desempeñen las funciones de Asesores Legales.
En entrevista, el
especialista presentó un panorama de bastante “anemia” en el tema de la
atención de las víctimas, ya que por un lado, hay una enorme debilidad en el
Instituto de Defensoría Pública, porque actualmente hay 11 abogados capacitados
en el nuevo sistema para dar atención a 2,034 carpetas de investigación que
llevan actualmente en dicho instituto, algo que definitivamente merma la
calidad en la defensa, no tanto porque los abogados no estén debidamente preparados
y experimentados, que si lo están, sino porque la carga de trabajo es mucha, “cuando
tienes más de 180 carpetas por defensor, el atender audiencias lleva su tiempo,
luego entonces en qué momento analizas,
investigas, entrevistas, recabas pruebas, preparas una buena defensa” cuestionó
Eloy Morales.
Datos recabados
por transparencia del propio Instituto de defensoría revelaron que existe un
déficit de defensores de cuando menos 50 abogados especializados en el nuevo
sistema, ya que, solo el año pasado, a cada defensor le tocó atender 213
carpetas de investigación y/o expedientes, una tarea titánica si a ello se le
suma que sólo cuentan con dos investigadores, con un número poco significativo
para la demanda en temas de asesoría en disciplinas Civil, Familiar, Mercantil,
cuya carga de trabajo es incluso mayor a la que representa para los defensores.
Actualmente,
dicho instituto lleva 1,034 carpetas de investigación, 541 de ellas ya
judicializadas, y sólo hay 11 abogados defensores para el nuevo sistema de
justicia y 6 para el anterior, algo que simplemente limita el acceso de las
victimas a ser defendidos por el Estado.
Las víctimas siguen siendo las más olvidadas también
en el nuevo sistema.
José Luis Eloy Morales
Brand se refirió además a un aspecto fundamental en la estructura del nuevo
sistema, en concreto, a la Comisión Estatal de Víctimas, que para el caso de
Aguascalientes no existe, a pesar de que es un mandato constitucional.
Aguascalientes es
de los pocos estados en donde los legisladores no han creado esta Comisión, una
estructura que resulta de gran
importancia para una atención integral de las víctimas.
Se requiere,
dijo, de un fortalecimiento sistémico, pero en lo específico, en el tema de la
atención a víctimas, hay incumplimientos constitucionales que resultan urgentes
atender.
Consideró necesario
fortalecer al Instituto de Defensoría Pública, porque como opera actualmente
simplemente no se puede trabajar de manera adecuada, sus instalaciones limitan
físicamente el acceso a las personas, no hay espacio para su adecuada atención,
lo que demanda de un edificio propio, diseñado especialmente para brindar la atención
a quienes han sido víctimas de la delincuencia.
Un factor
fundamental resulta ser la contratación de más abogados con conocimientos
acreditados en el nuevo sistema, y que no se pierda de vista la necesidad de
incentivar a estos guerreros, debido a que, no hay actualmente un sólido
servicio civil de carrera que dé estabilidad en sus empleos, sus sueldos no han
sido homologados, ya que los defensores públicos, los asesores de víctimas y
los agentes del ministerio público deben de percibir el mismo salario, sin
embargo en los hechos esto no sucede, lo que limita el correcto desarrollo organizacional
de una institución responsable de atender a lo que se supone debería ser el
principal “actor” en este nuevo sistema: las víctimas.
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