Presuntos desvíos millonarios de aportaciones dan muestra de años de opacidad e impunidad: CPC Aguascalientes Ags., 14 de mar...
Presuntos desvíos millonarios
de aportaciones dan muestra de años de opacidad e
impunidad: CPC
Aguascalientes
Ags., 14 de marzo.- Los presuntos desvíos de 142 millones de
aportaciones de empleados gubernamentales al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales Para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA),
evidencian la urgencia de consolidar herramientas que impidan la indiferencia
ante actos de corrupción, en este caso, que atentan contra los derechos
laborales, la certeza patrimonial y la confianza de los trabajadores en las
instituciones.
Mediante un comunicado de prensa emitido esta
tarde, luego de que Noticen publicó el artículo: A 142.1 millones asciende el robo de alcaldes y exalcaldes a burócratas; hasta ahora los ilícitos han quedado sin consecuencias legales, el Consejo de Participación Ciudadana
anticorrupción dijo que es inminente la necesidad de alentar y respaldar la
participación de la sociedad en la demanda de impartir justicia, fincar
responsabilidades y hacer valer la ley a partir de una investigación seria y a
fondo, pues es clara la actuación de funcionarios ubicados en tiempo y lugar.
El hecho de que estén señalados 90 por ciento
de los municipios, es grave, pues indica una alta tasa de impunidad ante
prácticas dolosas en perjuicio del patrimonio de la burocracia, que no puede
permitirse más y que lamentablemente no es exclusiva de Aguascalientes.
Emprender las medidas legales que amerita
este agravio a la seguridad social de empleados de todos los niveles y aplicar
la justicia amerita tomar acciones de prevención, sanción y que los propios
empleados acudan a conocer su situación personal ante el ISSSSPEA, quienes por
supuesto, tendrán el respaldo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción en materia legal.
Debemos dejar de ver como normales las
conductas ilegales y los actos de corrupción, éste es un hecho que pone al
descubierto la incapacidad para detectar, evitar y sancionar un daño a los
derechos laborales, y enciende alarmas para la eficacia del control interno de
organismos, dependencias y gobiernos.
