Aguascalientes, Ags. 22 de Diciembre de 2017 A la Opinión Pública. Nuestro país está sumido en una guerra desde hace once año...
Aguascalientes,
Ags. 22 de Diciembre de 2017
A la Opinión Pública.
Nuestro país
está sumido en una guerra desde hace once años cuando el Gobierno Federal
decidió tomar acciones contra el narcotráfico provocando miles de asesinatos y
desapariciones en todo el territorio
nacional. Una tragedia que ha quedado implícita una vez más, luego del
asesinato del reportero Gumaro Pérez Aguinaldo en el estado de Veracruz.
Con ello suman
decenas de periodistas asesinados en México,
lo que coloca a nuestra Nación como de las más inseguras para ejercer esta
profesión.
Una de las
expresiones de rechazo colectivo que recientemente se han presentado fue el
movimiento nacional que protagonizaron comunicadores y reporteros tras el
asesinato del compañero Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa el pasado 15 de mayo,
caso que se suma al menos a otros cien
más que a la fecha no han sido investigados y mucho menos resueltos por
autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que demuestra que las leyes
aprobadas para la protección de periodistas en nuestro país han quedado en
letra muerta.
La situación ha
tocado ya puntos alarmantes, tanto así que organizaciones extranjeras como los
Colegios Profesionales de Periodistas en España convocaron a más de medio
centenar de personas que protestaron
frente a la embajada de México en Madrid para exigir al gobierno de Peña
Nieto que los arteros crímenes contra integrantes del gremio periodístico
puedan resolverse y erradicarse.
En el caso del
periodista policiaco Gumaro Pérez, las autoridades en Veracruz han vinculado el
delito con el narcotráfico, la Fiscalía General veracruzana intenta justificar
la violencia contra el reportero al relacionarlo con el crimen organizado,
estrategia a la que han acudido en innumerables
ocasiones autoridades encargadas de la impartición de justicia para
deslindarse de la responsabilidad de generar las medidas necesarias para que la
protección a los comunicadores sea una realidad.
Creemos que los
riesgos para ejercer el periodismo en nuestro país cada vez son mayores y
nuestra preocupación se acrecienta al saber que se han aprobado a nivel federal
iniciativas como la Ley de Seguridad Interior y la llamada Ley mordaza o “antimemes”
que no es otra cosa que un atentado a la libertad de expresión.
De acuerdo a la revista
Gatopardo, en lo va del año han sido doce los profesionales del periodismo
abatidos en México y los enlista de la siguiente manera:
Cecilio Pineda
Brito fue asesinado el 2 de marzo en Ciudad Altamirano, Guerrero. Era director
del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El
Universal. Cubría la fuente policiaca del diario y según Proceso, unos días
antes de ser asesinado el periodista publicó un video en su cuenta personal de
Facebook en el que hablaba de la relación del gobierno de Héctor Astudillo
Flores con el grupo delictivo “Los Tequileros”, liderado por Raybel Jacobo de
Almonte. Hasta la fecha no hay acusados.
Ricardo Monlui
Cabrera fue asesinado el 19 de marzo en el municipio de Yanga, en Veracruz. Era
director del impreso El Político; y dueño del portal digital elpolitico.com.mx,
además presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de
Córdoba y la Región y fue también jefe de prensa de la Unión Nacional de
Productores de Caña de Azúcar CNC. Escribía la columna “Crisol” que aparecía en
El Sol de Córdoba y El diario de Zalapa, en la que trataba temas cañeros. CPJ
publicó que el tema en torno a la industria azucarera y los intereses
económicos en la zona han llevado a varios enfrentamientos violentos.
Hasta la fecha
no hay acusados.
Miroslava Breach
Velducea fue asesinada el 23 de marzo en Chihuahua. Era corresponsal del diario
La Jornada, colaboraba con el periódico El Norte de Chihuahua y fue directora
editorial de El Norte de Ciudad Juárez. La BBC la definió como “periodista
incómoda” porque sus publicaciones continuamente hablaban sobre corrupción
política, violación a derechos humanos, agresiones a comunidades indígenas y la
narcoguerra.
Ya fueron
identificados los presuntos asesinos, pero no han sido capturados.
Maximino
Rodríguez Palacios fue asesinado el 14 de abril en La Paz, Baja California Sur.
Llevaba dos años trabajando para un portal de denuncia ciudadana, noticias
sobre corrupción, discriminación y abusos llamado Colectivo Pericú. Escribía la
sección policial y tenía una columna titulada “Es mi opinión”.
Hasta la fecha
no hay acusados.
Filiberto
Álvarez Landeros fue asesinado el 29 de abril en el municipio de
Tlaquiltenango, Morelos. Trabajaba para la estación de radio “La Señal”, en
donde fue interceptado después de su programa que comenzaba a las ocho de la
noche.
Hasta la fecha
no hay acusados.
Javier Valdez
Cárdenas fue asesinado el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. Trabajaba como
reportero del semanario local RíoDoce –del que fue fundador– y era corresponsal
del periódico La Jornada. En septiembre del 2016 Valdez publicó el libro
Narcoperiodismo, en el que narra historias de periodistas que han sido víctimas
de la delincuencia. En una entrevista con La Jornada dijo: “No hablamos solo de
narcotráfico, una de nuestras acechanzas más feroces. Hablamos también de cómo
nos acecha el gobierno.”
Hasta la fecha
no hay acusados.
Jonathan
Rodríguez fue asesinado el 15 de mayo en Jalisco. Rodríguez era reportero del
diario El Costeño, del municipio de Autlán, Jalisco. El auto en el que viajaba
con su madre, Sonia Córdova –directora de información del diario– fue emboscado
por cinco sujetos armados. El vehículo recibió 25 impactos de bala. Jonathan
Rodríguez falleció en el lugar y su madre sobrevivió. El Costeño había recibido
amenazas en días anteriores. El reportero era hijo de Héctor Rodríguez,
director del medio informativo.
Salvador Adame
desapareció el 18 de mayo en Michoacán. El periodista era director de Canal
6tv, en Nueva Italia, Michoacán. Su familia y colaboradores denunciaron la
desaparición el 19 de mayo. El 26 de junio, la Procuraduría de Michoacán
anunció el hallazgo de los restos de Adame en estado de calcinación, en
Barranca del Diablo, en el municipio Gabriel Zamora, en Michoacán.
Luciano Rivera
fue asesinado la madrugada del lunes 31 de julio en un bar en Playas de
Rosarito, en Baja California. Rivera dirigía la revista Dictamen y era
accionista del canal CNR, donde era conductor de noticieros. Rivera fue
asesinado con disparos de arma de fuego.
Cándido Ríos fue
el primer periodista asesinado bajo la protección del gobierno federal a través
del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas. Ríos fue asesinado el 22 de agosto en el municipio Hueyapan de
Ocampo, en Veracruz; el periodista entró en 2013 al programa de protección pues
se sentía amenazado por el ex alcalde de dicho municipio, Gaspar Gómez Jiménez.
Edgar Esqueda
fue un fotoperiodista que colaboró de forma recurrente de los portales digitales
Metrópoli SLP y VoxPópuliSLP. Su desaparición fue reportada por la organización
Artículo 19 el 5 de octubre. CPJ reporta que el periodista, quien cubría la
nota roja local, fue “levantado” en su domicilio, por hombres armados vestidos
de policías. El viernes 6 de octubre se dio a conocer que su cuerpo fue
encontrado cerca del aeropuerto de San Luis Potosí.
Gumaro Pérez
Aguilando fue asesinado frente a su hijo el 19 de diciembre, en Acayucan,
Veracruz. Pérez Aguilando había recibido amenazas de muerte desde 2012. Un
comando armado entró a asesinarlo en las instalaciones de la escuela primaria
“Aguirre Cinta”.
Ante ello, los
abajo firmantes exigimos al presidente Enrique Peña Nieto y a los gobernadores
en cada entidad federativa a que hagan valer la Ley de Protección a Periodistas
y los acuerdos internacionales que ha signado nuestro país en la misma materia.
Hacemos un llamado a organizaciones que luchan por los Derechos Humanos más
allá de nuestras fronteras para que dentro de sus posibilidades legales puedan
convocar al gobierno federal mexicano para que garantice la seguridad de
quienes ejercen el periodismo en nuestro país.
En lo
particular, los reporteros y comunicadores en Aguascalientes solicitamos
respetuosamente al gobernador Martín Orozco Sandoval, llevar el sentir de este
manifiesto hasta la CONAGO, organismo del
que forma parte y en el cual fue designado como integrante de la subcomisión de
defensa de periodistas en el país.
Apoyan:
Ángel Antonio Dávalos Escalona /
reportero y conductor de Radio Grupo y OchoTV.
Carlos Romo, Alfonso Morales Castorena/ Aguzados.com
Itzel Acero y Claudia Castro / El
Diario de Aguascalientes.
Lizeth López Velarde Ramírez, María Miranda Franco, Alan
Palafox Porter/ Metropolitano Aguascalientes.
Laura Elena Rivera Manzanares
Gabriela Jiménez Castañeda.
Diego Armando Vázquez Albor y Luis Alberto González/ Revista Ahí para el Mundo.
Francisco Javier Jiménez Rodríguez.
Erick Alejandro Ramírez de la Cruz/ Ultra.
Rubí Mejía y Oscar Manzano.
Jaqueline Hernández / El
Reportero.
Mario Luis Ramos Rocha
Gloribel Amezola Tavares.
Isabel Martínez Haro / Entre
Mheridianos.
Mónica Cerbón.
Benny Díaz / Noticiags.com
José Luis Bonilla Barrón.
Lizeth López Carrillo / Testigourbano
Cynthia Andrade de Paul
Gilberto Sánchez Triana /
Alchile Aguascalientes
Matilde Arteaga Duarte.
Jesús Hernández.
Carlos Gutiérrez / Noticen
Claudio Jairo Bañuelos / El
Clarinete.
Alberto Viveros Lozano/ Termápolis
Matilde Arteaga Duarte
Edilberto Aldán, Tania Magallanes, Adriana García Campos, Hilda Hermosillo/
La Jornada Aguascalientes
.jpeg)
